En Ecuador, el ecologismo está siendo desprestigiado y parece algo desamparado. El auge del proyecto socialista del Gobierno, que avanza raudo y posiblemente con exceso de confianza, ignora muchas inquietudes y propuestas ecologistas. Parece que continuamos atascados en el mismo paradigma de desarrollo de las últimas décadas, a pesar de que Ecuador se ha destacado internacionalmente por la vitalidad y calidad de sus movimientos socio-ambientales, que solían mantenerse críticos y experimentaban con propuestas vanguardistas.

El último despropósito ambiental ha sido el futuro complejo petroquímico del Pacífico, un megaproyecto de inversión pública que pretende ubicarse en los confines del bosque húmedo-seco de Pacoche, un área de gran valor ecológico en Manabí. El acto inaugural se realizó en el mismo bosque, lo que evidentemente desató críticas, tanto por el absurdo ambiental de la ubicación del megaproyecto como por la escasa información entre la población local. Al mismo tiempo, cabe añadir el reiterado desprecio del Presidente de la República hacia los ecologistas, a los que en apenas 10 días ha tildado de “aniñaditos”, “ridículos” y “barrigas llenas”, llegando incluso a calificar de “majadera” a una prestigiosa asambleísta por cuestionar públicamente la ubicación de dicho complejo petroquímico.

Mientras tanto, el texto provisional de la nueva Constitución, aunque contiene avances muy esperados, padece lagunas en el aspecto ambiental. Destaca, ante todo, la ausencia del consentimiento previo, que es una importante medida jurídica, recogida en la legislación internacional y largamente reivindicada en Ecuador, con el fin de salvaguardar derechos sociales y ambientales de comunidades locales que se sientan amenazadas por proyectos externos. Además, se han introducido excepciones arbitrarias al status de las áreas naturales protegidas, lo que posibilita su eventual explotación. Finalmente, el énfasis en los conceptos de ciudadanía y poder social está diluyendo la noción de pueblos, que en Ecuador está vinculada al territorio y a la autonomía local en el manejo de los recursos naturales.

Por otra parte, proliferan varias falacias en torno al ecologismo. El discurso oficial parece confrontar desarrollo y ecología, creando una dicotomía engañosa que, a nivel teórico, ya se había superado en el Ecuador. Cientos de comunidades indígenas dependen cotidianamente de sus ecosistemas como fuente de vida, dignidad y desarrollo. Proteger las montañas y cuencas hidrográficas de la explotación minera masiva es necesario para mantener tierras fértiles y aguas en cantidad y calidad, que son recursos imprescindibles para la soberanía alimentaria y la salud pública. Resulta insólito que en las más altas instancias políticas se justifique la necesidad de explotar irresponsablemente la Naturaleza, como se propone hacer en el Parque Nacional Yasuní, a pesar de los riesgos e impactos irreversibles, con el objeto de obtener fondos con los que asegurar que los niños del país accedan a la escuela y las mujeres dispongan de servicios de salud. Esto es demagógico y, además, crea una carga moral sobre los pobres que son asistidos por el Estado, poniéndoles en deuda con las generaciones futuras por la degradación ambiental y sus consecuencias.

Lo paradójico de la situación es que el Ecuador ha sido precisamente un país pionero en reivindicar que la ecología es consustancial al desarrollo y que un desarrollo sin ecología no existe. Un país que alberga ecosistemas únicos, desde la Amazonía hasta los manglares del Pacífico, así como una fracción estimable de la biodiversidad mundial no puede permitirse el confrontar ecología y desarrollo, sino que está obligado a fundirlos rigurosamente. Los diversos pueblos del país han luchado muy tenazmente por derechos territoriales, culturales y ecológicos como para que ahora, bajo pretexto de reducir la pobreza y bajo amenaza de ser acusados de insolidaridad, el Estado pueda irrumpir en sus territorios ancestrales y subastar sus recursos naturales.

La reciente ruptura política con sistemas institucionales y económicos del pasado es muy loable, ya que aporta mejoras y esperanzas en el conjunto del país. Pero cabe lamentar y denunciar que la Naturaleza, uno de los pilares del Ecuador, sea injustamente tratada como un valor secundario y como una externalidad de la sociedad. El recelo hacia el enfoque territorial de pueblos y nacionalidades del Ecuador es infundado, porque se viene trabajando desde hace décadas en un espíritu de democracia, diálogo y alternativas de desarrollo. Por supuesto que se deben examinar proyectos económicos y extractivos nacionales, buscando compromisos de desarrollo, pero ello debe hacerse desde la prudencia, el consenso y el consentimiento. Oponer ecología y desarrollo es un enfoque falaz y contraproducente. Además, la actual multiplicación de macroproyectos extractivos y de inversión pública no parece conciliarse bien con la ecología, los derechos territoriales y el desafío de catalizar las economías locales. Persiste un Estado con hambre de recursos materiales y financieros. El hecho de que las inversiones sean públicas y en un marco de política social no las legitima de manera automática.

Tal vez debamos abrir los ojos para examinar en qué medida la praxis política está perpetuando el modelo de desarrollo extractivista y capitalista de siempre. Simplemente cambian roles y actores. La diferencia con los regímenes pasados es que el extractivismo ya no lucra a unas oligarquías, sino que honestamente trata de reducir la pobreza, aunque con la expansión de programas asistenciales que generan una cultura de dependencia que nunca existió en el país. A su vez, la nueva ideología económica en América Latina parece consistir en librarse de empresas transnacionales extranjeras, que a menudo se procuraban beneficios abusivos, para mutar a un capitalismo de Estado, que resulta más aséptico y patriótico. Pero no nos engañemos: así no cambiamos de paradigma de desarrollo, ni fortalecemos las economías locales ni, en definitiva, ponemos en práctica las propuestas de desarrollo de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales del Ecuador que han sido formuladas en los últimos años con tanto esfuerzo.

En resumen, el ecologismo es una dimensión clave de los movimientos sociales y, por ello, merece mayor visibilidad y respeto. Todo enfoque de desarrollo que desprecie la ecología y el ecologismo no puede pertenecer a un socialismo del siglo XXI. Sin ecologismo no hay revolución porque no se cambia el paradigma de desarrollo. www.ecoportal.net

Josep A. Garí es Doctor en Ecología Política por la Universidad de Oxford